Xalapa, Ver.- Con el objetivo de evitar que las obras públicas municipales queden abandonadas entre cambios de administración y fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, la diputada Naomi Santos presentó una iniciativa para establecer nuevos mecanismos de control, fiscalización, transparencia y participación ciudadana.
La propuesta contempla que cuando una obra pública municipal permanezca detenida por más de 30 días sin causa justificada, el Ayuntamiento tenga la obligación de informar al Cabildo para determinar las acciones correspondientes, ya sea su continuidad, la rescisión del contrato o, en su caso, el cobro de las garantías.
“Una obra pública no debe existir solamente en un contrato, en un informe o en una fotografía. Debe existir en la realidad y servirle a la gente”, expresó la legisladora.
Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un Padrón Municipal de Vialidades y Obra Pública, que deberá ser público y georreferenciado, para que la ciudadanía pueda consultar qué obras han sido concluidas, cuáles continúan pendientes y los recursos destinados a cada una.
Este padrón contará además con un mecanismo de reporte ciudadano, para que las y los vecinos puedan informar cuando una vialidad u obra registrada oficialmente como concluida no corresponda con las condiciones reales.
Asimismo, la iniciativa propone fortalecer el control de las fianzas y garantías de los contratos de obra pública, facultando a las Tesorerías municipales para verificar estrictamente su vigencia antes de efectuar pagos, con el propósito de proteger los recursos públicos ante posibles incumplimientos de las empresas contratistas.
Por lo que, al inicio de cada administración municipal deberá emitirse un acuerdo de seguimiento sobre las obras inconclusas recibidas del gobierno anterior, evitando que el cambio de autoridades se convierta en motivo para dejar proyectos inconclusos.
Para reforzar la fiscalización, se plantea que las obras reportadas como concluidas ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) cuenten con el acta correspondiente del Comité de Contraloría Social y evidencia fotográfica georreferenciada que permita acreditar su realización.
Naomi Santos señaló que la propuesta surge también de experiencias como la del puente de Capoacán, en Minatitlán, una obra que después de más de quince años permanece inconclusa y evidencia las consecuencias que pueden tener los vacíos legales cuando las responsabilidades pasan de una administración a otra.
“Cuando una obra se detenga, alguien debe tener la obligación de responder; cuando cambie una administración, las obras pendientes no pueden quedar en el olvido. El dinero público es dinero del pueblo y debe regresar al pueblo convertido en obras, servicios y mejores condiciones de vida”, afirmó.
La iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, con el propósito de establecer reglas más claras para el seguimiento de las obras públicas municipales y fortalecer la rendición de cuentas.
Con estas modificaciones se busca que las obras públicas se ejecuten, se concluyan y cumplan verdaderamente con el propósito para el que fueron contratadas: atender las necesidades de la población.



