Alejandro Lugo
- Rubén Choreño Morales trabajador jubilado es brutalmente golpeado al tratar de ingresar al CEN del STPRM.
- Con estatutos pretenden defender la ilegalidad del actual Secretario General Ricardo Aldana Prieto.
- En Minatitlán convocan a personal transitorio para defender el recito sindical local.
A pocos días de culminar el mandato presidencial de Andrés Manuel Obrador el octavo Tribunal Colegiado del segundo distrito en materia laboral resolvió presuntamente a favor del trabajador jubilado Rubén Choreño Morales para que ostentara el cargo sindical de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Choreño Morales al pretender ingresar al inmueble correspondiente al STPRM nacional ubicado en la Calle Zaragoza #15 de la Colonia Guerreo en el centro de la CDMX, fue recibido a golpes resultando policontundido y trasladado a un hospital cercano para ser médicamente asistido.
Posterior al hecho de sangre de este pasado jueves donde se vieron involucrados Choreño y su gente y el personal del STPRM, se convocó a rueda de prensa en punto de las dos de la tarde en el mismo lugar para dar la postura del actual comité ejecutivo nacional.
En dicha conferencia que encabezó Fernando Navarrete, presidente del consejo general de vigilancia de la agrupación de trabajadores así como Sergio López Salinas Secretario tesorero y Raúl Ramírez Rangel Secretario de Trabajo, puntualizaron mediante un oficio extendido por la Dirección Corporativa de Administración y Servicios Subdirección de Capital Humano DCAS-SCH-3078-2024 firmado por el Francisco o. Veites Palavichini Subdirector de Capital Humano donde menciona que el C. Rubén Choreño Morales Causó una baja desde el 8 de marzo del 1992, por lo cual Navarrete hace referencia a los estatutos donde dice categóricamente que para ostentar el cargo de Secretario General este tendrá que ser socio activo del STPRM, lo cual cauda más controversia aún ya que en el 2022 Ricardo Aldana Prieto fue “elegido” y respaldado por el gobierno aún en curso mediante un proceso amañado y con una aplicación (SIRVOLAB) fuera de los estatutos y por si fuera poco eligiendo a un TRABAJADOR DE “CONFIANZA”.
Por otro lado, se argumentó que fueron encapuchados que a juzgar por su acento eran de origen venezolano, lo que vuelve a ser controversial es que los trabajadores golpeados son los que venían supuestamente con ellos mismos, para culminar agregaron que las investigaciones ministeriales estaban en proceso para proceder por la demanda la cual no pudieron fundamentar en ese momento.
Pablo Jair
