La ley, cuando se aplica con lupa selectiva y olvidos convenientes, deja de ser justicia para convertirse en herramienta de ajuste de cuentas.

La reciente clausura de las sucursales de uno de los Súper Chuchin’s en Boca del Río (envuelta originalmente en el cómodo e impreciso discurso oficial de las “irregularidades administrativas”) terminó por desmoronarse en cuanto los sellos de clausura ambiental revelaron lo que era un secreto a voces: la sospecha de un albazo político disfrazado de ordenamiento municipal.

​Bajo la bandera de poner orden en el municipio, el ayuntamiento boqueño ha venido encendiendo focos rojos entre el sector comercial. Sin embargo, el caso de Súper Chuchin’s traspasa la línea del simple apercibimiento burocrático. Resulta por demás suspicaz que el peso de la ley ambiental caiga con rigor implacable sobre establecimientos de conveniencia, mientras los agravios y reclamos de comerciantes locales se acumulan en los pasillos del palacio municipal ante un supuesto ordenamiento que huele más a revancha que a gobernanza.

​Las piezas del rompecabezas apuntan directamente al terreno político. La mira no está puesta en el giro comercial, sino en la figura de su propietario, el empresario Jesús Muñoz de Cote Sampieri, expresidente de la Canaco Veracruz. Su “pecado” político no es menor en la memoria de los corrillos panistas, fue registrado como suplente de Humberto Alonso Morelli cuando este último se inscribió, el 12 de febrero de 2025, como aspirante a la alcaldía boqueña en aquella tensa contienda interna donde también compitió Maryjose Gamboa, quien a la postre se alzaría con la nominación.

​Las facturas de la grilla interna del blanquiazul parecen cobrarse ahora desde el poder municipal, utilizando la normatividad como garrote político contra aquellos que jugaron fichas contrarias en el tablero partidista. La administración local olvida que gobernar implica imparcialidad y que el uso faccioso de las instituciones no solo vulnera el patrimonio de los empresarios locales, sino que mina la confianza ciudadana.

Cuando el ordenamiento urbano se convierte en selectivo, el mensaje para el sector productivo de Boca del Río es lapidario: el comercio y la inversión quedan a merced del humor político y de las facturas pendientes de la partidocracia. Y en este juego de vencidas, una vez más, la ciudadanía y la economía local pagan los platos rotos.

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